DESCENTRALIZACIÓN
Y DEMOCRACIA
Por: César Arias Quincot
(1)
Para quienes tienen algún poder de decisión
en las sociedades sudamericanas, el tema de la descentralización
constituye una cuestión cardinal debido a que sin
ella será imposible construir países realmente
democráticos. Por esta razón adquiere gran
importancia analizar lo avanzado en esta importante materia.
En efecto, los países de nuestra región nacieron
como estados independientes desprendiéndose de los
imperios coloniales ibéricos los cuales poseían
una tradición política absolutista, feudal
antes que capitalista, intolerante en materia religiosa
y centralista en lo administrativo. Este tipo de tradición
cultural no pudo ser revertido luego del proceso que culminó
con la independencia.
Esta situación fue especialmente grave en los países
andinos -como Perú y Ecuador– debido a su historia
específica: en ambos se vivió, antes de la
llegada de los conquistadores españoles, bajo un
imperio como el TAHUANTINSUYU, el cual poseía una
estructura administrativa centralizada y donde el poder
se concentraba en un gobernante considerado divino y una
reducida cúpula.
Sobre esta base prehispánica los españoles
construyeron el sistema político colonial a partir
de la segunda mitad del siglo XVI, es decir luego de que
fueron debelados los movimientos autónomos liderados
por caudillos que habían formado parte de la gesta
de la conquista. Para los gobernantes de Madrid, los “peruleros”
eran súbditos poco confiables debido a su anárquico
espíritu e indoblegable voluntad de mantener cierta
autonomía de poder. La corona decidió confiar
la administración de estos reinos a altos burócratas.
Superar la herencia
En el caso del Perú, fue el siglo XX el momento
en el cual surgieron movimientos decididos a cambiar de
modo radical un estilo de gobierno que centralizaba todo
el poder en la capital y generaba con ello que la mayor
parte del país careciera de capacidad de decisión
sobre su destino. El Partido Descentralista apareció
en la vida política luego de la caída de Leguía,
sin embargo jamás llegó al poder.
A fines del gobierno militar (1968-1980) se inició
un proceso de regionalización basado en estudios
efectuados por el INP (Instituto Nacional de Planificación)
y fue en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde
Terry que se inició la puesta en práctica
de dicho proceso que maduró durante la primera gestión
del actual mandatario Alan García. El régimen
autoritario de los años 90 destrozó todo lo
avanzado y, recién al retornar la democracia se reinició
en proceso de transferencia de recursos y poder a los denominados
gobiernos regionales.
Se trata de una tarea compleja y nada fácil, pues
debemos nadar contra la corriente de una tradición
de siglos. Si deseamos apreciar de modo objetivo si el proceso
de cambios administrativos implica realmente una mayor democratización,
el asunto clave es la transferencia de recursos económicos
a los gobiernos regionales y locales porque el poder real
supone una base económica.
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(1)
Periodista. Consultor y analista político en temas
internacionales.