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Por: Jorge
Zavaleta A.
AMAZONÍA EN VENTA
Los gremios más representativos de las comunidades
nativas de la Amazonía anuncian que si el gobierno
peruano prosigue en su intento de rematar los recursos naturales,
los pobladores retornarán a sus bosques, no reconocerán
al Estado y evitarán a toda costa el ingreso del
capital privado.
Mientras los movimientos científicos
y sociales buscan salidas para paliar el brusco cambio climático
a través de mayor protección de la rica biodiversidad
amazónica, el gobierno del Perú enfrenta batalla
legal contra las comunidades de la Amazonía con el
fin de atender el ingreso privilegiado del capital privado,
arrasando ancestrales derechos de propiedad de sus antiguos
pobladores.
Pues los habitantes de la Amazonía,
esta vez han decidido articular una oposición sólida
y constante, para evitar la arremetida gubernamental aprista
y que se repita otro capítulo de violencia y olvido
del Estado.
Para no retroceder a la época de los
caucheros, en los pueblos de la selva aún están
frescas las negras historias de colonos que recibieron grandes
concesiones de tierras y establecieron relaciones de esclavitud
con los aborígenes.
Solo una muestra. En los años cincuenta,
al igual que en esta primera década del siglo XXI,
hubo una ola privatizadora. La dictadura del entonces general
Manuel Odría autorizó el ingreso a la selva
del Ucayali del rico empresario Letorneau, llamado “Socio
de Dios”.
Equipado con modernos tractores y potentes
aserraderos, la empresa franco norteamericana apareció
con una legión de predicadores del cristianismo ortodoxo
y fundó más de una congregación y un
centro de investigación de las lenguas nativas. Detrás
de esa avanzada religiosa, las máquinas se encargaron
de derribar miles y miles de hectáreas de bosques.
En menos de 20 años, las más finas especies
como cedro y caoba desaparecieron y no hubo autoridad que
se preocupara por la reforestación.
La entonces pequeña ciudad de Pucallpa,
capital de Ucayali, fue convertida en un desierto que no cesa
de crecer con pobladores que huyen de las profundidades del
bosque, en tanto, desde los puertos ribereños de los
afluentes del Amazonas, parten rumbo a EEUU y Europa los barcos
aserradores cargados de ricas especies naturales.
Desde mucho antes, la vida de las comunidades
aborígenes fue muy difícil. Los habitantes del
oriente peruano fueron tratados como desconocidos, como los
otros. La subalternidad y la otredad, restan valor a la diversidad
cultural.
Los nativos no se oponen al desarrollo integral
de sus pueblos. Lo único que desean es que el inversionista
respete su hábitat y que la explotación de los
recursos sea el fruto de la concertación entre Estado
y capital, en el marco de una legislación ambientalista,
que hasta ahora es letra muerta.
En este tercer año del segundo gobierno
aprista, el país pasa por una coyuntura que podría
servir para refundar el Estado a partir del armónico
desarrollo de la Amazonía. Pero ocurre lo contrario.
El Ejecutivo ha reconocido que se equivocó de estrategia
al saltar los compromisos internacionales como el Convenio
169 de la OIT que obliga al Estado a consultar a las comunidades
sobre cualquier cambio en la forma de enajenación de
las tierras.
El Congreso de la República, con el
respaldo de la Defensoría del Pueblo y el voto oficialista
en contra, ha tenido que derogar un primer Decreto Legislativo
que reducía el número de votos necesarios de
las comunidades nativas y campesinas para la toma de sus acuerdos.
Esta aparente tregua no convence a los aborígenes,
porque el gobierno solo pretende afinar las condiciones para
no entregar a los inversionistas los proyectos de exploración
y extracción de petróleo, gas y biocombustibles,
así como las vías interoceánicas con
Brasil sin escuchar las demandas sociales de los comuneros.
La realidad de estos días revela improvisación
de los gobernantes. Las unidades de prevención del
Consejo de Ministros no muestran identificación con
los proyectos del Ejecutivo. La tensión social sigue
latente, aunque la autoridad política niega afanes
represivos. En la reciente y pacífica movilización
de la selva, la policía ha actuado con violencia. En
Bagua, cerca de la frontera con Ecuador, fueron heridos de
balas y perdigones varias decenas de comuneros. Las dirigencias
comunales denunciaron que son objeto de persecución
política por parte de la gubernamental Agencia Peruana
de Cooperación Internacional.
La actual administración, no obstante
su oferta electoral de continuar con la modernización
del Estado iniciada por los presidentes Paniagua y Toledo,
no ha involucrado la selva. Solo se ha centrado en más
privatizaciones, nuevas regulaciones y liberalización
de los mercados, sin tocar el "antiguo régimen".
La corrupción del Poder Judicial contribuye a la falta
de credibilidad de las principales instituciones, aunque parece
que este clima no incide todavía sobre el crecimiento
de la macroeconomía.
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DATOS
* La Amazonía
tiene más de un millón de pobladores nativos,
distribuidos en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia,
que forman parte de 177 grupos étnicos.
* La Amazonía
peruana abarca el 60% del territorio nacional y es habitada
por el 13% de los 28 millones de peruanos.
* Son 774.649
kilómetros cuadrados, donde viven unos 650.000
indígenas de 65 etnias, cada uno con su propio
idioma y cultura.
* Hay numerosos
distritos donde la pobreza extrema llega al 100% y la
perniciosa inflación está muy por encima
de los 6 dígitos que aparece en Lima.
* Solo en la Amazonía
peruana existe el 10% de la biodiversidad del mundo
y alberga el 30% del agua dulce.
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Lamentablemente el Estado
no tiene capacidad para trabajar con la Amazonía.
En julio último, recién creó el
Ministerio de Medio Ambiente para cumplir con los requisitos
que establece el TLC con EEUU. Pero los informes de
las propias organizaciones comunales indican que a la
fecha 163 comunidades tienen dificultades en tramitar
su titulación, 143 han solicitado ampliación
de sus límites territoriales y otro tanto tiene
conflictos de delimitación y de otro tipo.
El presidente Alan García con
su discurso de El Perro del Hortelano, descalifica la
posición de los nativos y solo busca beneficiar
a las empresas mineras, petroleras y otros agentes interesados
en las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
Ejemplos sobran:
La extracción del gas de Camisea,
es un proyecto que tenía como objetivo cambiar
la matriz energética del país y cubrir
las necesidades de los pueblos por donde atraviesan
los gasoductos del Cusco a Lima. Pero por falta de planificación,
las principales ciudades del país hoy sufren
apagones para derivar energía a las fábricas.
Tirios y troyanos se preguntan ¿cómo organismos
como el BID han comprometido a sus mejores técnicos
en un lucrativo proyecto de exportación de gas
natural a México y Chile, sin prever la demanda
interna de la costa y menos aún de los pueblos
del sur del Perú? Las
comunidades nativas consideran que García ignora
sus culturas y que pretende gobernar sin consultar y
dialogar con los involucrados. “Para la sociedad
occidental la tierra es de uno cuando el título
de propiedad está inscrito en los Registros Públicos.
Para los indígenas el dueño es la Madre
Tierra”. Los andinos la reconocen como Pachamama.
La tierra, las montañas y cataratas son sagradas”,
proclama la AIDESEP, organización que lideró
el último paro regional. |
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Una publicación de
Cambio 16 , para RegiónPress.
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