LOS 100 PRIMEROS DIAS

Por: Jorge Zavaleta Alegre

Los peruanos que apoyaron con su voto la elección presidencial del partido aprista se equivocaron. El gobierno de Alan García (Lima, 1949) ya no es el de los discursos de transformaciones estructurales en función de las mayorías. Este es el resultado de las encuestadoras que coinciden con un amplio sector de la ciudadanía al cumplirse el convencionalismo de los 100 primeros días del segundo gobierno de la Alianza Popular Revolucionaria, fundada en 1924.

Alan García, en su plan de acción para los primeros 180 días, anunció la Reforma del Estado, pero no se vislumbran hasta hoy medidas de fondo, con excepción de reducción de sueldos de la presidencia, ministros y autoridades regionales y fijar la unidad remunerativa del sector público en 800 dólares mensuales. El presidente del Consejo de Ministros considera que el primer balance lo hará al finalizar enero del 2007.

Las leyes contra el transfuguismo parlamentario y la renovación por mitades en el Congreso están en la congeladora. No se ha tocado la promesa electoral de retornar a la Constitución de 1973 que reemplazaría a la Carta ultraliberal del fujimorismo. La mayor expectativa tiene que ver con las impostergables reformas del Poder Judicial, la Policía y las Fuerzas Armadas, tres instituciones, cuyas sondeos de opinión, califican con las más corruptas no sólo del país sino de la Región, las que han creado una insoportable inseguridad y temor en el ciudadano de todos los estratos y condiciones de vida.

En torno a la Descentralización, sin duda, el gobierno espera los resultados de las elecciones regionales del próximo 19 de noviembre, pero adelanta que los ganadores tendrán la facultad de designar a dedo a sus directores, como un anuncio de mayor ingerencia partidaria. Se ha dado a conocer una veintena de medidas para descargar el centralismo, sin conceder aún los necesarios recursos fiscales, técnicos y humanos. En la lista de cuarenta empresas públicas sólo se considera cuatro como objeto de descentralización, incluyendo la comercializadora de coca con sede en Cusco.

Las regiones están a la esperan las leyes Orgánica del Poder Ejecutivo y de Descentralización Fiscal y el relanzamiento de las universidades públicas, que actualmente son improvisadas fábricas de profesionales, sin libros, sin laboratorios e imposibilitados de colaborar técnicamente con el desarrollo local. La tregua concedida por el electorado ha vencido. El partido que preconiza la filosofía socialdemócrata, ha abandonado su ubicación originaria de izquierda para aliarse con las fuerzas políticas de Unidad Nacional (que agrupa a gremios empresariales) y a los herederos del corrupto régimen del ex presidente Fujimori, actualmente en Chile, en dilatado proceso de extradición.

El APRA, con más de 70 años de experiencia, ha logrado neutralizar eliminar a la oposición. Camina sola en amplio y silencioso universo de demandas sociales. Víctimas de la estrategia gubernamental son las ONG, algunas de las cuales son cuestionadas por el apoyo que brindan a las comunidades que exigen a los inversionistas mineros y petroleros el cumplimiento de las normas socios ambientales.
A ello se suma, la sorpresiva participación de jueces venales, que retroalimentan procesos judiciales para intimidar a periodistas que ejercen la crítica, a tal punto que algunos de ellos han sido desplazados de los pocos periódicos y canales de televisión. Una interesante alternativa es la apertura de publicaciones “on line” del exterior, particularmente de Argentina y España. El tiempo lo dirá. ¿El retorno del autoritarismo?

El gobierno acaba de crearse un innecesario frente de rechazo, al promover desde el Congreso la modificación de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), en alianza con sus antiguos adversarios políticos, con el fin de controlar los fondos de la cooperación privada y de las fuentes externas “en función de la política nacional de desarrollo”.

La sociedad civil es consciente que muchas ONG, de las 3 mil que operan en el país, no pueden trabajar bien. Pero para ello está el control ya establecido en la legislación vigente. Las elecciones regionales y municipales constituirán una dura prueba para el Apra, porque tendrá que competir con un archipiélago de siglas. Pues, del 28 de julio a la fecha, han desparecido los movimientos nacionales de oposición. El masivo respaldo que tuvo Ollanta Humala se ha diluido, y el alcalde de Lima, Luis Castañeda, de las filas de Unidad Nacional, tendría asegurada la reelección municipal y la nueva función de presidente del Gobierno de Lima.

Los reclamos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación por la reparación de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo han sido soslayados. El gobierno anuncia la defensa legal de los militares involucrados en la lucha contra la subversión y el terrorismo de las dos décadas pasadas. Ante esa actitud, la Defensoría del Pueblo demanda la creación en el Ministerio de Justicia de una unidad especializada, considerando que un altísimo porcentaje de las víctimas de la violencia fue producto de la acción de bandas terroristas y de los abusos de agentes del Estado.

Las políticas sociales no han sido definidas. Existe una dispersión de esfuerzos. Más de 100 programas se entrecruzan. En términos de educación, en un país con 15 por ciento de analfabetismo, se espera para enero una nueva evaluación del magisterio, proyectos pilotos en cincuenta distritos, en tanto las regiones exigen un sistema regional de inversiones, que no dependa sustantivamente del Ministerio de Economía.

LA OTRA CARA DE LA MACROECONOMIA

Sino fuera por las crecientes remesas del norte industrializado (para este año se calcula en 3 mil millones de dólares); el narcotráfico y el contrabando que generan empleo informal, los beneficios de la macroeconomía serían más imperceptibles en los bolsillos populares.

Sin embargo, los pronósticos académicos advierten que la economía camina sola desde hace 62 meses consecutivos, al margen del discurso político. El optimismo de los analistas alcanza a señalar que se avecina una buena época que podría llegar a los hogares más pobres. García ha heredado una buena situación económica, que deberá cuidarla apropiadamente, para evitar el descalabro inflacionario que dejó el país en 1990.

El Banco Central de Reserva, cuyo directorio ha sido confiado al partido conservador Unidad Nacional, teme que se revierta la tendencia a la baja del dólar, pero llegar a la flotación libre tardaría por lo menos un quinquenio.

El presidente del BCR, Julio Velarde precisa que el próximo año el PBI peruano llegaría a niveles de hace diez años, que se recuperará la inversión con tasas de crecimiento de cerca del 20% este año y 12% en el 2007. El crecimiento del 2006 se estima entre 5.5% a 6% y para el siguiente 6.5% y 7%, ubicando al país en el cuarto o quinto lugar en la Región, no obstante el desaceleramiento de la economía norteamericana principal mercado para el Perú.

El Índice de Desarrollo Humano del PNUD, que recoge las variables de esperanza de vida, logro educativo e ingreso familiar per cápita mensual, precisa que el país ha mejorado algo este año al pasar del 0.590 del 2003 al 0.598, pero se advierte un notable descenso en Lima, departamentos de los andes centrales y los amazónicos de Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

Además se prevé un crecimiento de la recaudación fiscal, en particular del impuesto a la renta, producto de la exportación de minerales. Pero, el MEF sigue siendo blanco de los reclamos, especialmente de los ministros de Agricultura, del Interior, Producción y por el Congreso con sus iniciativas de tendencia populista. Hay expectativa sobre la Ley Sierra Exportadora que crea un Organismo Público descentralizado que apoyará el agro, ganadería, acuicultura, artesanía y textilería.

El programa tiene 90 proyectos iniciales. El Ejecutivo espera generar unos 20 mil empleos en el primer año, con la incorporación en los próximos 5 años de 150 mil hectáreas al circuito agro exportador.

Otra expectativa ciudadana son los resultados de las negociaciones con la española Telefónica. El Congreso aprobó una ley que elimina la renta básica, pero el gobierno ha pospuesto la promulgación por una “negociación integral”.

La Sociedad de Minería condiciona la entrega de una simbólica colaboración al Ejecutivo siempre y cuando no se creen impuestos a las sobreganancias. La propia candidata presidencial Lourdes Flores, hoy rectora de una universidad privada, cuestiona ese “pase de sombrero” a los mineros y no emitir leyes más exigentes. Las mineras sólo este año tendrán utilidades por encima de los 8 mil millones de dólares y su generosa colaboración será sólo de 150 millones de dólares, en cinco años. El protagonismo mediático del presidente García llega a saturar a una población, esencialmente joven que demanda empleo o facilidades para salir al exterior. En este contexto ha concitado renovado interés la reciente revelación presidencial de la paternidad de un sexto hijo. Para sus simpatizantes, este tema personal ha sido enfrentado con madurez, aunque las feministas, en una opaca posición, califican como afrenta a la dignidad de ambas mujeres, tanto para la cónyuge y primera dama de la nación, Pilar Nores y para Roxanne Cheesman Rajkovic, madre de Federico Danton, niño que dentro de un mes cumplirá dos años.